Les invitamos a leer la publicación de nuestra Socia Directora Dra. María Lourdes Echandi Gurdián, titulada "Derecho de la Constitución y regulación económica: La inserción del regulador en el orden constitucional" publicada en la Revista de Derecho Público No. 14.  

Originalmente publicado el 14 de octubre de 2021 en https://www.crhoy.com/opinion/responsabilidad-personal-del-funcionario-publico/

Originalmente publicado el 16 de junio de 2021 en https://www.crhoy.com/opinion/opinion-los-especialistas/plazo-maximo-de-los-contratos-administrativos/

Originalmente publicado el 21 de enero de 2021 en https://www.crhoy.com/opinion/deficiencias-de-la-normativa-sobre-la-deuda-publica/

Originalmente publicado el 18 de setiembre de 2020 en  https://www.crhoy.com/opinion/banca-central-y-situaciones-de-urgencia/

Mesa Redonda “La nueva realidad económica en Costa Rica en pandemia y postpandemia: desafíos para el Derecho Público y el Estado”. Maestría en Derecho Público. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. 

Conforme a la concepción procedimental del Derecho, la eficacia de la igualdad de trato para la mujer debe garantizarse mediante normas de organización, procedimientos y competencias que aseguren el pleno ejercicio de su autonomía pública, de modo que esté en posibilidad de manifestar su perspectiva y realidad en todo procedimiento de creación de normas.

Foro internacional: Constitucionalismo femenino y liderazgo de mujeres en tiempos de crisis.

Los beneficios del ingreso de Costa Rica a la OCDE derivan del deber -autoimpuesto- de nuestro país, de ajustarse a los parámetros de esa organización en múltiples ámbitos. Entre ellos, se encuentran los relacionados con las políticas estructurales para impulsar la productividad y la inclusión, específicamente, la urgente tarea de fortalecer la competencia.

“Luces y sombras en la reforma al régimen de competencia”, Medio digital Crhoy, Sección Los Especialistas por la Academia de Centroamérica, 20 de diciembre del 2019. 

Reforma legal es insuficiente en materia de libre competencia”, Medio digital Crhoy, Sección Los Especialistas por la Academia de Centroamérica, 29 de agosto del 2019.

Mesa redonda "Órganos colegiados", presentación en el Seminario Internacional de Derecho Administrativo "La puesta al dia de la Ley General de la Administración Pública". Ver el video de forma gratuita en Youtube.

Mesa redonda "Órganos colegiados", Seminario Internacional de Derecho Administrativo "La puesta al dia de la Ley General de la Administración Pública".
Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

“Asamblea Constituyente: alternativa extrema e innecesaria”, Medio digital Crhoy, Sección Los Especialistas por la Academia de Centroamérica, 29 de marzo del 2019. 

“Beneficio a fuertes grupos en perjuicio del consumidor ¿Cómo Evitarlo?”, Medio digital Crhoy, Sección Los Especialistas por la Academia de Centroamérica, 30 de noviembre del 2018.   

“Responsabilidad por convenciones colectivas inconstitucionales”, Medio digital Crhoy, Sección Los Especialistas por la Academia de Centroamérica, 14 de setiembre del 2018.

A cuarenta años de su aprobación, la Ley General de la Administración Pública -LGAP- requiere la inclusión de un procedimiento administrativo estándar, cuyo objeto sea determinar si se otorga o deniega una autorización, licencia o permiso, con medidas de aceleración más eficaces que el silencio positivo.

Mesa Redonda "El procedimiento administrativo sumario y los procedimientos administrativos especiales a la luz de la LGAP: su revisión".

Seminario Internacional de Derecho Administrativo. Cuadragésimo aniversario de la Ley General de la Administración Pública: estudio comparado.
Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

La calidad del Derecho implica la producción de normas (leyes y reglamentos) simples, claras y accesibles, entendida como una nueva cultura de responsabilidad, acogida por todos los actores, desde el simple ciudadano hasta las más altas autoridades del Estado y soportada por una política pública clara, fuerte y coherente en el tiempo, según afirma el Consejo de Estado francés en su estudio anual del 2016, del cual, seguidamente, haré un resumen y adaptación al medio costarricense, al cual estimo aplicable.

La reducción de la dispersión normativa, que busca ordenar el Derecho mediante la codificación, al procurar cuerpos normativos que recojan de modo sistemático las reglas que imperan en determinadas materias, hace que el sistema jurídico brinde mayor seguridad al ciudadano, al aplicador y al productor de las normas. Asimismo, la certeza jurídica colabora con la economía de un país, dado que estimula el comercio internacional y las inversiones.

Conferencia 'La regulación de las economías colaborativas y tecnologías disruptivas'. Maria Lourdes Echandi. XII Congreso Iberoamericano de Regulación Económica y Servicios Públicos. Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

En Costa Rica existe una importante inflación normativa, entre otras razones, motivada por la vigencia de una gran cantidad de leyes y decretos, a pesar de ser normas caducas o históricamente obsoletas, situación que ocasiona gran incerteza jurídica. Esta circunstancia precisa ser corregida, lo cual depende del Poder Legislativo para las normas de rango legal y del Poder Ejecutivo para los decretos.

Desde hace 25 años, al amparo de la idea según la cual, “Cuando el derecho habla de más, el ciudadano no le presta atención” el Consejo de Estado francés ha venido sugiriendo medidas para evitar que el Derecho sea simbólico. Así, en su último estudio, señala que “la creciente complejidad de las normas pone en peligro el Estado de Derecho”.

Existe en el medio costarricense una tendencia en confiar -de modo ciego- en la capacidad del Estado de regular, de forma causal, lineal y directa, todas y cada una de las actividades de la sociedad que, por sus características, requieran algún grado de supervisión en beneficio del público consumidor o de algún bien jurídico superior.

Un reciente estudio de apertura de mercados generado a propósito de la intención de Costa Rica de formar parte de la OCDE, ha vuelto a señalar como parte de las deficiencias en ese campo, limitaciones en lo que a la transparencia administrativa se refiere.

Conferencia 'Competencia y servicio público'. Dra.María Lourdes Echandi Gurdian. Seminario Internacional "El servicio público en un mundo globalizado". Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

La reciente apertura a la competencia de las telecomunicaciones ha demostrado con sus beneficios, que es la forma de hacer eficaz el derecho fundamental a la libertad de elección de los consumidores y usuarios. La eficacia de ese derecho es una obligación que se origina de la Constitución Política. Cada Poder de la República tiene el deber de hacer realidad ese derecho, de lo contrario se incurre en una omisión inconstitucional.

La fijación de honorarios profesionales mínimos, es una práctica gremial que lesiona el artículo 46 constitucional, pues define un precio mínimo del servicio que, al impedir la libre competencia, perjudica los intereses económicos de los consumidores.

He abogado, en varias ocasiones, por el refuerzo de la independencia funcional de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), a la cual la ley le ha confiado la determinante tarea de velar por la libre competencia, principio jurídico de nivel constitucional (artículo 46 Constitución Política).

Veamos el estado de la cuestión: la ARESEP es un ente autónomo al cual se adscribe la SUTEL (órgano desconcentrado). Sin embargo, mediante una norma reglamentaria de organización, se crearon intendencias (Agua, Energía y Transporte) lo que, claramente, diluye su legitimación democrática, dado que en la designación de los intendentes el Parlamento no interveniene sino en la integración de la ARESEP y la SUTEL. Lamentablemente, el modelo fue validado por la Sala Constitucional (Resolución No. 16591-11). Por su parte, en el sistema financiero salvo en el caso del BCCR los integrantes de los reguladores son nombrados por CONASSIF –órgano de naturaleza incierta

Como ha trascendido en medios, la SUTEL impuso al ICE una elevada sanción económica (¢2.157.826.200 colones) por incurrir en la práctica monopolística de estrechamiento de márgenes como operador dominante en el mercado mayorista del insumo (interconexión o acceso a la red de telecomunicaciones por parte de los operadores) y en el mercado minorista (servicio de llamadas al consumidor final), ello con base en el artículo 54.j) de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Mesa Redonda "El Caso Chip Extremo" Licda. Maria Lourdes Echandi Gurdián y Lic. Stephan Brunner Neibig. Simposio de Derecho a la Competencia. Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

La correcta y fundada fijación de tarifas y precios de los servicios públicos, exige una rigurosa definición de las reglas del juego imperantes en ese delicado ejercicio de la función reguladora de la economía por parte del Estado. Dicha reglas han de ser definidas, para cada servicio público en concreto, mediante metodologías tarifarias sujetas a los claros límites -formales y materiales- que dispone el Ordenamiento Jurídico.

Si bien el artículo 176 de la Constitución Política dispone que “El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”, lo cierto es que se ha interpretado que tal prescripción constitucional no se viola si en el presupuesto todos los gastos están financiados, independientemente de la fuente de ingresos –ordinaria o extraordinaria-. De este modo, se ha dejado abierta la posibilidad de financiar gastos corrientes con ingresos extraordinarios (en general endeudamiento).

El jurista alemán Gunther Teubner ha identificado tres “dimensiones” o  “modelos de evolución jurídica” del Derecho que no son excluyentes entre sí.

A propósito del actual debate en torno a la propuesta de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República remitido por el Poder Ejecutivo al Legislativo, es preciso recordar que se trata de una tarea sujeta a límites temporales, formales y materiales que el Derecho de la Constitución define y la Sala Constitucional ha precisado en reiteradas ocasiones.

Esta investigación abarcó tres temas: el alcance del control previo de constitucionalidad, el impacto del control previo en el trámite de aprobación de las normas y los casos que muestran tensión entre la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa.

Seminario Intervención del Estado en la Economía. Derecho de la Constitución y Regulación de la Economía. Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Publicado en la Revista de Regulación Económica

Publicado en la revista "Revista de Derecho Público".

No. Se alegan, fundamentalmente, dos argumentos en contra del control a priori facultativo de constitucionalidad: la Sala Constitucional pasa a ser una “especie de Cámara Alta o Senado” y produce “mucho del atraso” del quehacer legislativo. A mi juicio, ambos alegatos no son suficientes para justificar su desaparición, cuyos beneficios para el Estado de Derecho son indiscutibles y van más allá del debate político entre mayorías y minorías legislativas.

Publicado en la revista Actualidad Económica.

El señor Gerardo Fumero Paniagua ( Foro , 6/9/07 ), funcionario del ICE, se refiere a mi artículo publicado aquí el pasado 1.° de setiembre, en el que le atribuí la manipulación de mi dicho –no así una falsedad, que señalé a otro opositor del TLC–, al haber realizado una cita parcial de uno de mis escritos para sustentar su tesis de que en las telecomunicaciones, supuestamente, existe un monopolio natural.

Con motivo de la apertura a la competencia de las telecomunicaciones que propicia el TLC, en varias ocasiones opositores del tratado me han atribuido afirmaciones falsas o se ha tergiversado mi dicho para beneficiar sus tesis. Esta vez me refiero a las alusiones del expresidente Rodrigo Carazo Odio a la revistaFortuna, Negocios y Finanzas, y del señor Gerardo Fumero Paniagua, funcionario del ICE, en su artículo “La falacia de la competencia en las redes de telecomunicaciones”.

A propósito de la apertura a la competencia de las telecomunicaciones que plantea el Tratado de Libre Comercio, resulta relevante referirse al modelo de servicio público que trae consigo. Dicho modelo se basa, en lo fundamental, en dos principios: el de competencia y el de solidaridad social. Por medio del principio de competencia, se procura generar eficiencia económica y beneficiar el interés público, intentando ofrecer al usuario mayor variedad de servicios y precios más bajos. Por otra parte, a efecto de asegurar un modelo competitivo ajustado al principio de solidaridad social, mediante el instituto del servicio o acceso universal, se garantiza el acceso a servicios socialmente relevantes, pero que no son rentables.

Hasta hace pocos años, era imposible considerar la conformación de un mercado eléctrico en competencia. Se aducía como motivo para excluir esa posibilidad la economía de escala del sector.

Se consideraba que era más eficiente y menos costoso que una sola empresa se dedicara a satisfacer esa necesidad social. Sin embargo, varios factores han hecho posible el desarrollo de mercados eléctricos en competencia.

La interrogante sobre quién protege al consumidor la plantea el economista español Xavier Sala i Martín en el libro Economía liberal para no economistas y no liberales comentado en un grupo de reflexión de la Academia de Centroamérica.

Publicado en la revista "Revista de Derecho Público".

El pasado 15 de marzo, mediante resolución N° 3669-06, la Sala Constitucional dictó un fallo d'avant-garde, en el cual se anuló la obligación de agotar la vía administrativa para plantear un proceso contra el Estado ante el Poder Judicial en la vía contencioso-administrativa, con lo cual se liberó a los particulares de un grave e injustificado obstáculo impuesto por la ley desde 1966.

La Comisión que analizó el proyecto de reforma del artículo 48 de la Constitución, expediente N° 15842, emitió el dictamen de mayoría correspondiente que, de aprobarse, provocaría, por una parte, una grave vulneración del principio de constitucionalidad y la filosofía garantista del derecho constitucional, y, por otra, la desnaturalización del carácter sumario del amparo y una profunda lesión al derecho a obtener justicia constitucional pronta y cumplida.

La ley fundamental no admite darle privilegios a institución

De forma consistente, las cuatro propuestas de ley de modernización del ICE (Exp. 14669, 15083 -dos versiones-) y la reciente propuesta del Poder Ejecutivo han incluido normas que contradicen reglas y principios constitucionales.

Charla impartida en la “IV Jornada Universitaria de Derecho” “Apertura comercial y atracción de inversión extranjera: la perspectiva jurídica”, organizada por Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología realizada el 18 de noviembre del 2005: http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/18_r08a03.pdf

Se ha comprobado que en la década pasada, en Costa Rica, se dictaron 249 leyes, de las cuales el 76% genera obligaciones a cargo del Estado. Sin embargo, solo en el 16% de esos casos se estableció una fuente de ingresos para cumplir con tales compromisos (X informe Estado de la nación, 2004, pág. 319; Vargas Cullell, La Nación 2/10/05 y Gutiérrez Saxe, La Nación, 22/10/05). Es decir, un 60% de tales obligaciones no tienen contenido presupuestario.

Se ha venido afirmando, sin razón, que el TLC es un tratado para Costa Rica pero no para Estados Unidos. El razonamiento confunde dos niveles jurídicos distintos: el del Derecho interno y el del Derecho internacional. Una cosa es la potestad de un Estado de obligarse internacionalmente frente a otro Estado, y otra muy distinta es cómo el Derecho internacional se incorpora al Derecho interno de cada país.

A diferencia de lo que algunos piensan, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no pone en riesgo el carácter solidario que ha caracterizado el servicio de las telecomunicaciones regido por el Decreto Ley N° 449, de 1949, adicionado por ley N° 3226, de 1963.

Publicado en la revista "Revista de Derecho Público".

Las recientes evidencias de corrupción, según mediciones de opinión pública, han ocasionado una gran pérdida de confianza en el sistema político. Aunque de origen diverso, ya antes existían claras señales de desconfianza, como son los elevados niveles de abstencionismo y la necesidad de una segunda ronda electoral.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Dos han sido las críticas formuladas a la escuela clásica de la Teoría General de Sistemas, aplicada a las ciencias sociales: lleva al totalitarismo al sujetar al ser humano a los fines de un todo social y limita la evolución social al fomentar el statu quo. Veamos el origen de estas críticas y cómo se han logrado resolver.

A propósito de algunas dudas surgidas en torno a la participación de los ciudadanos, en los procedimientos de toma de decisiones públicas que los afectan –creación, aplicación y ejecución de las normas–, estimo oportuno contribuir a aclarar ese concepto.

En Estudio anual 2004, Ordenamiento Jurídico y Libertades económicas, Academia de Centroamérica. 

Una de las posibles respuestas a ¿cómo puede el Derecho contribuir a la depuración y profundización de la democracia? podría estar en lo que Habermas ha denominado “la inclusión del otro” y en su idea del Derecho Procedimental, basado en el discurso democrático. ¿Quién es el otro? El otro es cada uno de nosotros. ¿Inclusión en qué? En la toma de decisiones que nos afecten o nos puedan afectar y que alguien adopta por nosotros.

Actualmente los magistrados del Poder Judicial debaten el trato que deben dar a “denuncias” anónimas alusivas a funcionarios de ese poder del estado. El anónimo es un papel sin firma, utilizado para decir algo –falso o cierto– cuya responsabilidad no se quiere asumir. ¿Se justifica? Depende de si hay o no libertad, y si se protege y respeta esa libertad o no. En un Estado totalitario, el anónimo puede ser una de las pocas formas de libertad de expresión. Distinto es el caso en un estado democrático de derecho. El Estado, en este modelo, solo puede actuar si la ley, creada por el Poder Legislativo, lo autoriza.

riginalmente publicado el 05 de setiembre de 2003 en el Diario La Nación: https://www.nacion.com/opinion/fomentar-anonimos/6GKVIZGTNJCUZDPYX4BISTQRYM/story/ 

El decreto-ley n.° 449 de 1949 otorgó una concesión al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la explotación de los servicios de comunicaciones “telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas, radiotelefónicas”. Interesa destacar, sin embargo, que contrariaamente a lo que se cree, tal concesión no otorgó una condición exclusiva o monopolística al ICE, como tampoco lo hizo luego la Ley n.° 3226 de 1963, todo lo cual ha ratificado la propia Sala Constitucional en la sentencia n.° 9542 del 2002.

A propósito del debate en la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de servicios de seguridad privada, es preciso hacer notar una diferencia importante. Tradicionalmente, la seguridad ciudadana ha estado ligada al sistema político. Es decir, ha sido, de manera general, un tema de incumbencia, casi de forma exclusiva, del Estado. Sin embargo, el aumento de la violencia en las personas y en sus bienes y la imposibilidad del Estado de garantizar su seguridad están generando presión para que el sistema económico, por medio de sus agentes, también proporcione seguridad. Cabe preguntarse, por ello: ¿Qué debe asumir el Estado y qué puede asumir el sistema económico en materia de seguridad ciudadana?

A propósito de la discusión del tema de la apertura de las telecomunicaciones, sea con motivo del tratado de libre comercio que se negocia con los Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), o bien, con motivo de la reforma a la normativa que rige el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), resulta de interés plantear la siguiente tesis: Dicha apertura, lejos de ser un asunto sometido a la discrecionalidad política, es hoy una obligación jurídica a cargo del Estado. Veamos por qué.

Dos son los caminos ante el cuestionamiento de constitucionalidad de la concesión de la cárcel de Pococí: uno, sería obviarlo, pues podría afectar una inversión extranjera y la confianza internacional en el país, y otro, el que aquí se toma, sería discutirlo, pues están de por medio la función básica del Estado y la seguridad ciudadana.

Propuestas de cambio de forma y fondo para contar con un sistema más eficiente

La Constitución Política dispone en su artículo 46: ?Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora?

Pese a que al evacuar una consulta legislativa la Sala Constitucional no encontró vicios en la ley que crea la Corporación Arrocera (Conarroz), mediante una acción de inconstitucionalidad se podrían anular algunas de sus normas, pues varios artículos aún rozan con la Carta Magna en aspectos que a continuación se detallan.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.

Desde los años ochentas, con los PAE se inició un cambio estructural en pro de la libre competencia en Costa Rica, proceso tendente a la liberalización de la economía. En la década del 90, diversas leyes consolidaron ese proceso: ingreso al GATT; a la OMC; Ley sobre la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor; Ley del Tratado de Libre Comercio con México; Ley de ejecución de los acuerdos de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y la Ley de la aprobación del acta final. El corolario del proceso fue la reforma del art. 46 constitucional, de la cual deriva una nueva categoría constitucional: la del consumidor, a quien se le garantiza la protección de sus intereses económicos.

Publicación en el periódico La Nación, Costa Rica.