A cuarenta años de su aprobación, la Ley General de la Administración Pública -LGAP- requiere la inclusión de un procedimiento administrativo estándar, cuyo objeto sea determinar si se otorga o deniega una autorización, licencia o permiso, con medidas de aceleración más eficaces que el silencio positivo.

Afectación a la economía

En el 2017, la Cámara de Industrias de Costa Rica encuestó 121 empresas con relación a “trámites y permisos” en entidades públicas. El 52% de esas empresas, señaló “que los trámites y permisos son un factor que afecta negativamente su competitividad”. Por su parte, dicha afectación a la competitividad, fue indicada por el 75% de las empresas encuestadas cuando pretenden obtener “registros sanitarios” ante el Ministerio de Salud; por el 31,4% para obtener una patente municipal y por el 29,4% para obtener un permiso de construcción municipal. Finalmente, toma más de un mes obtener una patente municipal según el 73,3% de las empresas encuestadas, así como lograr un permiso de construcción (según el 69,2%) u obtener un “registro sanitario” (para el 66,7%).

Por su parte, en otra encuesta del 2017, efectuada a 30 empresarios y profesionales del sector de la construcción, a solicitud de la Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se evidenció que el 62% de los problemas para obtener autorizaciones, licencias o permisos, están relacionados con las municipalidades e instituciones que tutelan el ambiente.

Esos resultados se producen a pesar de que, desde 1995, con la Ley 7472, inició la atención a la racionalización de los “trámites”. A pesar, también, de que en los planes de gobierno de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014, esa temática fue considerada.

Habrá que hacer algo distinto para obtener otros resultados.

Inexistencia de un procedimiento administrativo autorizatorio estándar

La LGAP preve dos tipos de procedimientos administrativos, el “ordinario” (art. 308) aplicable en aquellos casos en que el acto final está en posibilidad de causar lesión grave y el “sumario” (art. 320) aplicable cuando no se esté en los supuestos del artículo 308.

La misma ley regula (art. 330) el silencio positivo, como un modo de terminación normal de los procedimientos administrativos, en caso de silencio luego de un mes de recibida la solicitud de autorizaciones, licencias o permisos con los requisitos legales.
Sin embargo, existe el problema de que esa regulación del silencio positivo, se produce sin que se haya previsto un procedimiento para otorgar o denegar autorizaciones, licencias o permisos.

En la práctica, ni el procedimiento ordinario, ni el sumario, son considerados como aplicables, cuando se otorga una autorización, licencia o permiso, circunstancia que refleja un vacío normativo que merece corrección.

Impacto de la omisión

Producto de la referida laguna, las administraciones públicas que tienen la competencia de otorgar autorizaciones, licencias o permisos, han creado a su discreción los pasos a seguir para ello, causándose dispersión e incerteza jurídica.

De existir un procedimiento administrativo estándar para otorgar autorizaciones, licencias o permisos, se uniformarían los pasos a seguir para estas situaciones y se lograría que las administraciones públicas se ajusten a reglas objetivas y comunes en beneficio de la seguridad jurídica y celeridad. Ello, sin perjuicio de supuestos en los cuales sea requerida una regulación específica, como es el caso de los procedimientos de evaluación ambiental, supuestos en los cuales, la normativa del procedimiento estándar sería útil como aplicación supletoria o con un sentido principista.

Medidas para acelerar el procedimiento administrativo autorizatorio

Aunque las medidas de la Ley 8220, vigente desde el 2002, son de alabar, tampoco han solucionado la falta de celeridad.

Legislaciones como la alemana, han introducido medidas que van más allá del silencio positivo para acelerar los procedimientos, tales como el llamado “procedimiento estrella”. Recientemente, en Francia se aprobó el Código de relaciones entre el público y las administraciones, en el cual se incluyeron medidas de acceso público a formularios gratuitos en línea, previamente homologados; se dispensa de presentar documentación que conste en registros del Estado en línea y un sistema de intercambio de informaciones entre administraciones públicas, entre otras.

Ese tipo de medidas podrían ser consideradas, y otras más, en una regulación sistemática y estandarizada de un procedimiento administrativo especialmente dirigido a resolver peticiones de autorizaciones, licencias o permisos.