Tal y como lo mencioné en mi contribución del pasado 23 de junio publicada en este mismo espacio, en Costa Rica existe una importante inflación normativa, entre otras razones, motivada por la vigencia de una gran cantidad de leyes y decretos, a pesar de ser normas caducas o históricamente obsoletas, situación que ocasiona gran incerteza jurídica. Esta circunstancia precisa ser corregida, lo cual depende del Poder Legislativo para las normas de rango legal y del Poder Ejecutivo para los decretos.

La derogatoria, sin embargo, precisa ser acompañada por medios para evitar, a futuro, una situación similar.

Propuestas de Ley

Con el ánimo de corregir esa situación, existen en la corriente legislativa, un total de nueve proyectos de ley que promueven la derogatoria de leyes que, se ha identificado, no deberían mantenerse vigentes, dada su obsolescencia jurídica.

Se trata de proyectos que son el producto del trabajo coordinado que se hiciera hace más de seis años, por parte de la Procuraduría General de la República, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, junto con la Asamblea Legislativa, para evaluar más de ocho mil normas, para “así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso, en situación de duplicidad, las cuales pudieran ser derogadas.”

En total, se propone derogar cuatro mil quinientas noventa y cuatro leyes, lo cual contribuiría a reducir, sustancialmente, la polución normativa que afecta el sistema jurídico costarricense.

En los proyectos de ley se identificaron leyes caducas y las agruparon, sea por materia (exoneraciones, pensiones e impuestos) o bien por periodos históricos. En todos los proyectos, se sugiere la derogatoria por razones de caducidad en objetivo y temporalidad.

Como evitar, a futuro, que se reincida en esta práctica

En uno de los proyectos de ley, se propone adicionar un artículo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que incluye, entre otras, como función del Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi), “Depurar el ordenamiento jurídico costarricense, para lo cual deberá presentar periódicamente a la Asamblea Legislativa, pero en todo caso con una frecuencia no mayor de dos años, un informe documental en el que se determine técnicamente y se señale con precisión cuáles normas jurídicas son susceptibles de ser eliminadas del ordenamiento jurídico nacional, si las hubiere, con la explicación, en cada caso, de las razones que justifiquen la propuesta. Dicho informe será presentado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, para que lo acoja, lo analice técnica y jurídicamente, y lo presente, si lo considera pertinente, como proyecto de ley a la corriente legislativa. Para ello, el Sinalevi deberá identificar todas aquellas leyes que, por su naturaleza, disposición o función, ya cumplieron el efecto para el que fueron creadas, de modo que permita actualizar el ordenamiento jurídico con la legislación vigente.”

Esa función de Sinalevi, es una medida paliativa que podría contribuir a evitar a futuro, la vigencia de disposiciones legales caducas o históricamente obsoletas y sin beneficio alguno. Una medida similar podría, también, ser propuesta para el caso de los decretos ejecutivos.

Conclusión

Es de lamentar que haya transcurrido seis años desde que se realizó la evaluación mencionada y se redactaron los nueve proyectos de ley indicados.

Por encima de banderas políticas, estas propuestas de ley deberían propiciar, con facilidad, un consenso en la Asamblea Legislativa que permita su rápida aprobación. Evidentemente, estas iniciativas no han logrado acumular suficientes promotores (Diputados), ni a lo interno de la Asamblea Legislativa, ni a nivel del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia, cartera ministerial que debería atender esta situación que afecta la seguridad jurídica.

Similar esfuerzo debería hacerse en el caso de los decretos ejecutivos que se mantienen en vigor, si bien no tienen mayor aplicación práctica, tarea a cargo del Poder Ejecutivo. Esa labor, aún pendiente, podría ser liderada desde la Presidencia con la consulta a cada Ministerio y a los posibles afectados sobre el interés de mantener su vigencia.

La próxima campaña política podría servir para poner en la mesa del debate político, el interés de estas propuestas legislativas y el inicio de un esfuerzo similar, por parte del Poder Ejecutivo, que servirían para propiciar mayor certeza jurídica y dinamismo en la economía.