Se ha comprobado que en la década pasada, en Costa Rica, se dictaron 249 leyes, de las cuales el 76% genera obligaciones a cargo del Estado. Sin embargo, solo en el 16% de esos casos se estableció una fuente de ingresos para cumplir con tales compromisos (X informe Estado de la nación, 2004, pág. 319; Vargas Cullell, La Nación 2/10/05 y Gutiérrez Saxe, La Nación, 22/10/05). Es decir, un 60% de tales obligaciones no tienen contenido presupuestario.

Las cifras evidencian una riesgosa actitud del político, que utiliza el derecho para "satisfacer" demandas sociales sin considerar las limitaciones financieras del Estado, lo cual hace que las normas jurídicas se conviertan en un mero símbolo, al chocar con la cruda insuficiencia financiera.

Esta actitud no es nueva. Ya Juan Domingo Perón, siendo presidente de Argentina, había "aconsejado" a Carlos Ibáñez, en aquel momento presidente de Chile, lo siguiente: "Mi querido amigo: Dele al pueblo. todo lo que sea posible. Todos tratarán de asustarlo con el colapso económico. Pero mienten. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden".

Todo esto muestra que, desde la política, se toman decisiones sin observar el entorno, y se cae en una especie de autismo al ignorarse los límites de los demás sistemas sociales, en especial, en este caso, del sistema económico.

Es claro que, para cumplir con las demandas ciudadanas, el sistema político debe servirse de la economía. Es decir, para hacer eficaces sus promesas, la política depende, entre otros sistemas, de los límites y posibilidades de la economía.

Superfunción. Esa postura política, que ignora los límites de los restantes sistemas, ha generado, en muchos países, la expansión de los presupuestos públicos y grandes problemas financieros del Estado. Así, se dice que la política ha asumido una "superfunción" en la sociedad (Luhmann), al grado de que se atribuye al Estado la responsabilidad de satisfacer absolutamente todas las necesidades ciudadanas, sin más límites que los que pueda establecer una ideología política cargada de muy buenas intenciones, pero que no considera la existencia y límites de los restantes sistemas sociales.

Observación del entorno. Producto de la necesaria división del trabajo, los sistemas sociales se han especializado a través del tiempo en una determinada función. De ahí su autonomía funcional y la existencia lógica de sus límites y posibilidades. No es posible hacer todo. Por ello, cada sistema toma para sí lo que está en posibilidad de asumir, dejando las restantes tareas a otros sistemas que según su especialidad, puedan asumirlas. Esto ha podido generar una sociedad cada vez más compleja. Una sociedad en la que ningún sistema tiene preponderancia sobre otro y en la que existe una relación de colaboración y dependencia entre estos. Cada sistema social debe observar al resto y responder a las condiciones y requerimientos de su entorno; de lo contrario, es decir, si se desliga de los límites de los restantes sistemas cuya colaboración requiere, corre precisamente el riesgo de fracasar en sus pretensiones, perder credibilidad y ser percibido por los demás como ineficaz y disfuncional.

Lo posible y lo razonable. Ante circunstancias análogas, algunos tribunales constitucionales europeos han estimado que los derechos sociales que requiera una organización para satisfacerlos, en el caso de darse una imposibilidad financiera al efecto, han de quedar sujetos a la "reserva de lo posible y lo razonable". Sin embargo, es claro que esta solución no podría ser aplicada a todas las obligaciones creadas por el Estado.

Ojalá que en la campaña electoral que comienza, se ofrezcan al elector planteamientos que de forma seria, consideren esa problemática del Estado costarricense, ajustando la dimensión de sus tareas a las posibilidades de la economía y a los límites de los restantes sistemas sociales.