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Se alegan, fundamentalmente, dos argumentos en contra del control a priori facultativo de constitucionalidad: la Sala Constitucional pasa a ser una “especie de Cámara Alta o Senado” y produce “mucho del atraso” del quehacer legislativo. A mi juicio, ambos alegatos no son suficientes para justificar su desaparición, cuyos beneficios para el Estado de Derecho son indiscutibles y van más allá del debate político entre mayorías y minorías legislativas. ¿Retraso en el trámite legislativo? Un reciente estudio que realicé del periodo 1989-2008, permite demostrar con cifras —no presunciones—, que en un 95% de los casos, el procedimiento de consulta se completó en tan solo un mes y medio o menos. En el 62% de las consultas facultativas, la Sala encontró vicios de constitucionalidad, a diferencia de las preceptivas, en las cuales solo en un 14% se detectaron vicios.