Las recientes evidencias de corrupción, según mediciones de opinión pública, han ocasionado una gran pérdida de confianza en el sistema político. Aunque de origen diverso, ya antes existían claras señales de desconfianza, como son los elevados niveles de abstencionismo y la necesidad de una segunda ronda electoral.

Papel estelar. La confianza puede ser entendida como un acto de fe en las expectativas sobre alguien o algo. Es una fijación del saber a qué atenernos para poder actuar. Todos requerimos confianza. De forma extrema, su ausencia genera falta de certeza absoluta, todo puede suceder, es la complejidad mayor, el caos, la parálisis, el temor a actuar.

La confianza no solo se manifiesta en el ámbito interpersonal, sino también en los sistemas sociales (Luhmann). Así, en el económico, se tiene la confianza de que el dinero podrá ser intercambiado por bienes o servicios; el sistema ciencia genera confianza de que la creación científica –ejemplo: el medicamento– será segura y eficaz. En fin, es uno de los mecanismos que a través del tiempo ha posibilitado el orden en los sistemas, al reducir la complejidad y permitir la evolución. Siempre existirá, sin embargo, un margen de desconfianza. Si esto no fuera así, todo sería seguro y no habría libertad. De aumentar la desconfianza, el sistema tiene la posibilidad de adaptarse mediante la creación de mecanismos de autocontrol. El problema se da cuando la desconfianza es anormalmente alta, y puede implicar, al menos, la inercia en los sistemas sociales o confusión entre estos.

Riesgos de la pérdida. Visto lo anterior, existe el riesgo del estancamiento del sistema político, fenómeno que podría alcanzar a otros sistemas sociales. Podría esperarse un impacto en el sistema económico producto de la contracción de la contratación pública. Además, está el riesgo del traslape entre derecho, política y moral. En la sociedad, la moral y el derecho se complementan. La moral puede definir lo bueno y lo malo de forma muy general y abstracta, pues no tiene mecanismos para lograr consenso en lo particular y concreto. El derecho de un estado democrático es una creación de la sociedad que ha posibilitado que el detalle de aquello considerado bueno o malo, sea discutido por los representantes del pueblo y por los afectados, fijándolo en una norma de forma concreta, objetiva y precisa, y así brindar seguridad en las expectativas de todos. Sin embargo, en el actual clima, existe el riesgo de que apresuradamente y sin la debida y ponderada discusión, se establezcan algunas regulaciones jurídicas excesivas o inútiles contra la corrupción. Otro riesgo es el fomento de anónimos contra funcionarios públicos, en virtud de una mal entendida transparencia, igualada por unos al deber de “comprobar” la honestidad a costa de todo, incluso de básicos principios jurídicos y de la dignidad humana. Por otra parte, los medios de comunicación, sistema que evolutivamente se ha especializado en facilitar a la sociedad su propia observación, podrían confundir su papel, introduciéndose en el ámbito del derecho. No parece tarea de los medios, someter a votación de la opinión pública las decisiones de los juzgadores.

Alternativas. En ese riesgoso escenario es preciso, para la estabilidad social, reflexionar sobre la especialidad, posibilidades y límites de cada sistema social. En concreto, la política debería mejorar su legitimidad y transparencia mediante procesos de comunicación interna, brindando más espacio a los electores por medio de la participación ciudadana en las políticas y decisiones públicas en las coordenadas de tiempo (antes, durante y después de la decisión: información, consulta y rendición de cuentas) y de espacio (nacional y municipal). Además debería procurar ser menos expansiva y atender los límites de los recursos que le facilitan el sistema económico y el jurídico. Así, posiblemente, el poder público será merecedor de más confianza y el político hará más lo que promete.