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Fomentar anónimos

Fomentar anónimos

Actualmente los magistrados del Poder Judicial debaten el trato que deben dar a “denuncias” anónimas alusivas a funcionarios de ese poder del estado. El anónimo es un papel sin firma, utilizado para decir algo –falso o cierto– cuya responsabilidad no se quiere asumir. ¿Se justifica? Depende de si hay o no libertad, y si se protege y respeta esa libertad o no. En un Estado totalitario, el anónimo puede ser una de las pocas formas de libertad de expresión. Distinto es el caso en un estado democrático de derecho. El Estado, en este modelo, solo puede actuar si la ley, creada por el Poder Legislativo, lo autoriza.

Para el Estado, el principio jurídico es el de legalidad. Por su parte, el ciudadano es libre de hacer todo aquello que no esté prohibido, sin que por ello deje de ser responsable de sus propios actos. Debe asumir la responsabilidad por lo que hace o no hace, y por lo que dice o deja de decir. Para el ciudadano, el principio jurídico es libertad con responsabilidad. De ese modo nace una doble protección: por un lado, al denunciado, conforme al artículo 41 constitucional, se le garantiza que “acudiendo a las leyes”, encontrará siempre “reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”.

De ahí los delitos de denuncia calumniosa, difamación, injurias y calumnias, todas figuras delictivas que demuestran el desprecio social que se tiene a las afirmaciones lesivas del honor. Por su parte, al denunciante se le garantiza que, si lo que afirma es cierto, no se le sancionará –excepción verdad–. Además, en casos calificados, se le garantiza la confidencialidad de su identidad, aunque no su anonimato.

Así, admitir denuncias mediante anónimos fomenta ya no la libertad de expresión, sino su abuso. Por esa vía el “denunciante” evade su responsabilidad y el deber de asumir las consecuencias de su dicho. Revisemos los argumentos que, dentro del Poder Judicial, alegan algunos en favor de esa práctica.

Trato degradante. Hay quienes sostienen que iniciar un procedimiento disciplinario a partir de un anónimo sin prueba no viola derechos fundamentales, dado que se garantizará al denunciado el debido proceso. ¡Cuál debido proceso si desde el inicio se da credibilidad a un documento sin firma! ¿Y el principio de inocencia? ¿Y la dignidad humana? Veamos: un anónimo dice que usted o yo tenemos debajo de la ropa algo que no nos pertenece. La autoridad respectiva debería ignorar el anónimo, pero decide otorgar el “debido proceso”. ¿Cuál sería nuestra defensa? ¡Solo desnudarnos para poder demostrar que no tenemos nada debajo de la ropa! ¿No es ese un trato degradante prohibido por el artículo 40 constitucional? Así, en ese contexto, lo que está en juego es, por un lado, su dignidad o la mía, y, por otro, el dicho de quien no tiene el valor de firmarlo. De no haber nada debajo de la ropa, ¿quién repara nuestra dignidad? ¿Habrá que desnudarse tantas veces como anónimos se formulen?

Para otros, los anónimos deben ser atendidos cuando existen relaciones de poder, por cuanto es una forma de evitar la represalia a quien denuncia. ¿Y los derechos del denunciado? La solución es otra: garantizar la confidencialidad al denunciante, nunca admitir su anonimato impune. ¡El combate de la violencia por el abuso de una situación de poder se logra mediante el sistema jurídico y no mediante su negación!

Concentración del poder. Finalmente, otros dicen que no hay regla para atender anónimos, sino que se debe revisar cada caso. ¡Cuidado! ¿Con base en cuál norma? ¿Y el principio de legalidad? Una cosa es la aplicación de la norma al caso concreto, tarea del Poder Judicial, y otra crear la norma, tarea del Poder Legislativo. Entonces, un solo poder del Estado ¿decide la creación y aplicación del derecho? ¿Y la división de poderes? ¡Qué retroceso! Por esa vía, el poder se concentra y crece enormemente. ¡La arbitrariedad y el totalitarismo están a un paso!

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